Desde hace años se escucha que la transición energética es una oportunidad histórica para la Argentina. Que el litio de la Puna, el cobre y la plata de la cordillera. Que la excepcionalidad del viento patagónico y de la radiación solar andina. Y es verdad, la lista de recursos, y su alineamiento con lo que demandan las nuevas tecnologías (paneles solares, aerogeneradores, baterías, autos eléctricos) es real. Pero conviene animarnos a dar un paso más y preguntar: ¿oportunidad para qué, exactamente? Formar parte de las nuevas cadenas de valor y aumentar las exportaciones son, sin duda, buenas noticias. La pregunta es si es solo eso lo que vamos a demandar de nuestros excepcionales recursos y de la transición.
Las tres formas de entender la justicia de la transición
Cuando se discute qué hace justa a una transición, la conversación suele girar en torno a dos ejes. En los países industrializados, de donde proviene el término, se trata de proteger el empleo y las capacidades industriales de las regiones y sectores intensivos en carbono, gestionar el cierre de las minas de carbón, conservar la industria y los empleos en la siderurgia y las plantas automotrices. En los países en desarrollo, el foco suele estar puesto en mitigar los impactos sociales y ambientales locales de la extracción de recursos naturales: por ejemplo, el uso del agua o los derechos humanos en las zonas de minería de litio del norte argentino. Ambas cuestiones son, desde ya, altamente relevantes.
Pero hay una tercera dimensión, igual o más importante, que queda casi siempre afuera y es que la transición permita a los países del Sur Global construir las capacidades productivas y tecnológicas necesarias para avanzar en la escalera del desarrollo. Sin ella, la transición puede cumplir con el clima y fracasar con el desarrollo.
¿Por qué esta interpretación desarrollista de la transición justa suele estar ausente? Porque las dos agendas que deberían sostenerla miran en direcciones opuestas: los desarrollistas del Sur Global no priorizan la transición, y los ambientalistas desconfían del desarrollo económico. Pero cruzar esas agendas es indispensable para que la transición no termine reproduciendo viejos patrones de dependencia, ahora en versión baja en carbono.
Desarrollo es la capacidad de construir capacidades
Sabemos bien qué es la transición energética, sustituir los recursos y las tecnologías fósiles por alternativas renovables y bajas en carbono. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo? En el fondo, las condiciones para que la gente de un país pueda vivir bien, cubrir sus necesidades y desplegar plenamente sus capacidades. Una forma sencilla de aterrizarlo es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que combina ingreso, expectativa de vida y acceso a la educación. Que ese sea un horizonte deseable no está en discusión; pero sí cuál es el camino para llegar.
La discusión sobre cómo se desarrolla un país es larga, pero hay un dato bastante indiscutible que la estrecha relación entre el contenido tecnológico de lo que un país exporta y su nivel de desarrollo humano. Las economías con canastas exportadoras más sofisticadas, es decir que producen y exportan cosas más complejas -satélites en vez de granos de trigo- tienden a tener mejores condiciones de vida. En ese sentido, las capacidades productivas son uno de los grandes caminos por los que el crecimiento se transforma en bienestar. Y esas capacidades se acumulan, saber producir cosas complejas habilita a producir cosas todavía más complejas.
Muy conocido es el caso de Corea del Sur que hace sesenta años exportaba pelucas y textiles, fue subiendo peldaño a peldaño hacia el acero y los barcos, después la electrónica y los semiconductores, y hoy es uno de los líderes mundiales en baterías y autos eléctricos. Cada escalón se apoyó en el anterior. En cambio, un país que siguió exportando el mismo grano o el mismo mineral durante medio siglo se quedó donde estaba. Por eso desarrollarse es, en buena medida, adquirir la capacidad de construir nuevas capacidades.
El problema es que el ascenso por esa escalera del desarrollo no es sencillo. Cuando una tecnología ya está madura, las empresas y los países que la dominan consolidan su ventaja, y para los que llegan después sumarse de manera competitiva se vuelve muy difícil. Por eso, lo interesante de la transición energética es que reordena el tablero, al tratarse de un proceso acelerado de cambio tecnológico, con nuevos sectores, nuevas cadenas y nuevos actores, abre una ventana poco frecuente para que un país cambie su posición en la división internacional del trabajo.
La ventana no se abre sola
Esa ventana, sin embargo, no es fácil de aprovechar ni permanece abierta para siempre. La Argentina, como todos los países en desarrollo, parte de una desventaja doble. La primera es su menor desarrollo relativo lo que implica que corre la carrera con menos capacidades y menos herramientas que los países industrializados. La segunda es la paradoja china. El enorme poderío industrial chino abarató las renovables de manera drástica volviendo posible su difusión acelerada en todo el mundo; pero, al mismo tiempo, instaló una competencia tan desigual que las oportunidades productivas concretas para el resto de los países se volvieron escasas y se hace necesario identificarlas casi una por una.
Cuando se observa cómo participa el Sur Global en las cadenas de valor solar y eólica, el patrón es claro, casi todos los países aportan algo al comercio mundial, pero lo hacen de manera muy asimétrica. África y América Latina ponen los recursos naturales; el valor del diseño, la manufactura avanzada y los servicios intensivos en conocimiento queda en China y en el Norte Global. China en particular concentra más del 80% de la fabricación mundial de paneles y cerca del 60% de la manufactura eólica, y es también el principal fabricante de baterías y electrolizadores.
Argentina, en cambio, tiene una presencia marginal y casi enteramente atada a los primeros eslabones, exporta minerales de plata, boro y ácido bórico, carbono, y materiales procesados básicos como el aluminio sin alear y algunos productos de acero. No compite en los subcomponentes más complejos ni en los bienes finales, los paneles y las turbinas. En ese escenario, y con una economía cada vez más dependiente de Vaca Muerta, un recurso con fecha de vencimiento, es una buena noticia que el país pueda ampliar su lugar en las cadenas renovables aportando más minerales a través de la ampliación de las inversiones en el sector. Es una actividad que atrae inversión, construye infraestructura y genera empleo de calidad.
Sin embargo, nuestros recursos naturales no alcanzan para brindarle condiciones de vida adecuadas a todos los habitantes. Porque los recursos naturales por habitante de Argentina son muy inferiores a los de otros países que sí construyeron sobre ellos un desarrollo exitoso. Noruega, por ejemplo, sostiene con sus recursos el nivel de vida de apenas 5,5 millones de personas, frente a los más de 45 millones que tiene la Argentina. Un modelo puramente extractivo, nunca alcanzaría para garantizar buenas condiciones de vida a toda la población.
Tener recursos no es tener una estrategia
¿Cuáles son, entonces, las opciones de la Argentina para agregar valor en estas cadenas? Lo primero es usar la dotación de recursos de manera estratégica, para mejorar los términos de la inserción. Eso supone varias líneas de acción posibles a la vez: fortalecer la extracción sostenible de renta de la explotación de los recursos, lo cual puede financiar infraestructura o mismo sectores que ni siquiera pertenecen a estas cadenas (como hizo Chile cuando apalancó el cobre para impulsar el salmón y el vino); explorar el procesamiento de minerales allí donde haya escala y energía competitiva; desarrollar proveedores y servicios alrededor de la minería y la energía, (como hizo Australia, que en lugar de apostar todo aguas abajo construyó un potente sector exportador de equipos, tecnología y servicios mineros); y capturar los beneficios del propio despliegue renovable que brinda energía más barata, menos dependencia de combustibles importados, empleo en instalación y mantenimiento.
Nada de esto ocurre sin una estrategia y un Estado capaz de diseñarla e implementarla. Es casi circular, construir capacidades requiere, de entrada, capacidades. En el Estado, en las empresas y en las personas, para hacer apuestas más ambiciosas, planificar a largo plazo, producir cosas más complejas y coordinar a muchos actores. A su vez, hace falta un entorno macroeconómico y jurídico estable, con reglas de juego claras, que le permita a la actividad privada desarrollarse. Y esto no se opone a ser exigentes con las inversiones, al contrario, es lo que con el tiempo amplía el margen para poder serlo. En el fondo, para nadar contra la corriente y lograr una inserción diferente a la que nos invita el mundo, es necesario un Estado capaz de conducirlo.
Nadie sube solo
Nada bueno le va a pasar a la Argentina si no se ocupa de su propio proceso de desarrollo y de sus condiciones macroeconómicas. Pero la Argentina no es un ente aislado, se inserta en un escenario global complejo, donde la combinación de disrupciones geopolíticas y dominancia industrial china parece abrir dos grandes caminos hacia el futuro. Uno, en el que estamos, es el de la fragmentación, donde cada país o cada bloque regional intenta construir cadenas completas por su cuenta, con costos más altos, difusión más lenta y esfuerzos duplicados. El otro, más difícil pero más luminoso, es el de la cooperación, donde se impulsan estrategias coordinadas para expandir capacidades, compartir conocimiento y co-desarrollar industrias limpias entre regiones.
La cooperación puede abaratar y acelerar la transición, pero exige confianza, coordinación institucional y, sobre todo, el reconocimiento de las asimetrías. Porque no es lo mismo cooperar entre iguales que entre un proveedor de minerales y quién fabrica las baterías. Y justo ahí es donde la pregunta abstracta por la justicia de la transición empieza a aterrizar.
¿Con quiénes es posible cooperar? Cultural y políticamente, una asociación muy clara hoy es entre Europa y América Latina, respaldada por el reciente acuerdo Unión Europea-Mercosur. Más allá de los vaivenes ideológicos, hay una alineación de fondo basada en una cultura democrática compartida y una preocupación sostenida por la transición.
Europa está reconstruyendo su política industrial verde, con el Net Zero Industry Act y el Critical Raw Materials Act, y el objetivo explícito de no perder su poderío industrial, reducir su dependencia de China y Rusia y asegurarse los minerales críticos que necesita. En esa búsqueda, América Latina es un aliado estratégico. La Unión Europea firmó memorandos sobre cadenas de valor de materias primas con la Argentina y Chile, lanzó financiamiento del Global Gateway para litio y cobre en el "triángulo del litio", y desde mayo de 2026 aplica de manera provisional el acuerdo con el Mercosur que la Argentina ratificó en febrero.
Es decir, cooperación hay, pero el riesgo es que se limite a asegurar minerales o hidrógeno verde y que esos recursos vuelvan convertidos en baterías y autos europeos, sin ninguna posibilidad de avance en la escalera del desarrollo para los países latinoamericanos. Reconocer las asimetrías -y la urgencia por reducirlas- no es sencillo. Exige capacidad de resignación del Norte, poder ceder etapas de las cadenas, aceptar que los proveedores del Sur asciendan y capturen más valor, compartir tecnología que preferiría retener, financiar capacidades de otro. No es fácil pero es la única forma de asegurar la viabilidad y la justicia de la transición.
¿Oportunidad para qué?
Volvamos, entonces, a la pregunta del principio. La transición energética es, sin duda, una oportunidad para la Argentina, pero no por los recursos en si, sino por lo que decidamos hacer con ellos. La transición será realmente justa sólo si, además de bajar las emisiones, abre oportunidades concretas de desarrollo en el Sur Global. Y esas oportunidades no surgen automáticamente de los mercados ni de la difusión tecnológica: requieren decisiones de política deliberadas, cooperación internacional e instituciones capaces de sostener el aprendizaje tecnológico y la transformación productiva. Para la Argentina, eso significa dejar de pensarse como espectadora de una transición que ocurre en otra parte, o como simple cantera de quienes la protagonizan.